Gremios medievales que perduran hoy.

Leo que competencia ha multado a la CEOE por recomendar subidas de precios en público, lo que es una forma de colusión al libre mercado. Sin embargo permanecen vivas estructuras arcaizantes, siendo además entes públicos.

Unas estructuras funcionariales y regidas por el derecho administrativo, sostenidas por detracciones coercitivas que son finalmente soportadas por los consumidores, a pesar de ser órganos públicos que dan servicios e imponen reglas a profesionales que pretenden ejercer su profesión, debiendo soportar esta estructura parásita. Estas estructuras son los llamados Colegios Profesionales, que en muchísimos casos son de afiliación obligatoria para el ejerciente de la profesión.

Estas estructuras no solo recomiendan, sino que imponen coactivamente a sus asociados, unas tarifas mínimas obligatorias, justamente lo que se ha calificado como un obstáculo a la libre competencia y que la economía considera ser indeseable para la eficiencia. Desde luego es posible que haya grandes ventajas en la existencia de estos colegios, pero de ser así, el mejor camino no es la imposición de su existencia.

Los profesionales de cualquier ramo pueden asociarse libremente si lo desean para obtener servicios comunes sin necesidad de esa imposición. También cabe recordar que las labores de control de los profesionales se pueden (y deben) llevar a efecto sin intermediarios por la propia administración. Igual que se comprueba la limpieza de la cocina de un restaurante puede comprobarse la buena realización de un proyecto de obra, por poner un ejemplo. Al igual que se prueba la idoneidad de un sujeto para tener armas puede verificarse que su titulación es suficiente para el ejercicio de la medicina. Item más cuando los casos de intrusismo, deslealtad, engaño, etc. nunca son detectados o sustanciados por el colegio correspondiente, que se limita a responder (por desgracia casi siempre tardíamente, lentitud que lamentamos constatar como habitual en todo el sector público español) a las denuncias que le remiten los pocos ciudadanos que conocen el funcionamiento de estos entes y tienen la paciencia y la osadía de creer que el sistema funciona.

Si precisamos de verdad ahorrar, es el momento de cumplir lo que (nuevamente) promete del ministro del ramo, que es eliminar la obligatoriedad de esta colegiación en casi todos los casos (yo añado que en todos) y privatizar estos colegios. Esa es la única forma de acreditar ante la sociedad su utilidad. De otro modo, sospecharemos que sólo se trata de mantener puerta abiertas para poder colocar a los adláteres del poder y que los que ayudaron al político a subir al poder cobren los réditos de su fidelidad pasada en forma de trabajo estéril, pero bien remunerado.

Seguramente en las próximas elecciones el siguiente ministro nos vuelva a prometer esta útil medida, para volver a dejarla pendiente, a la espera, seguramente, del próximo cambio de gobierno, sea este del signo que sea.