Las nuevas leyes antipiratería sancionan con tres años de prisión a quien "con finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras".
Parece una legislación tan anacrónica como legislar contra los fabricantes de cuchillos, o taladros, o cizallas para evitar el robo o el atrco. El respeto a las leyes sólo es sostenible desde un convencimiento de toda la sociedad de su necesidad y proporcionalidad. Si los ciudadanos perciben justa la remuneración de los intermediarios en la cadena de los contenidos objeto de la ley seguramente respetarán más la legislación antipiratería.
De forma similar necesitamos un gasto público racional (nótese la inmensa diferencia entre racionalizar y recortar. Señálese asimismo que lo más irracional son las remuneraciones, compensaciones y condiciones de trabajo de los propios políticos) para poder pagar nuestros impuestos sin la percepción social prevalente de que el obligado tributario que cumple es alguien que no tiene otro remedio o, alternativa o concurrentemente, es un pardillo.
Hay trabajo de sobra para políticos emprendedores que látigo en ristre consigan expulsar a los políticos espurios del Congreso y devolver su dignidad a esta profesión. Pero el trabajo de los ciudadanos (EL NUESTRO) es escogerlos correctamente.
