Copio de mi bandeja de entrada dos tweet que me han dolido. Especialmente me ha dolido su simultaneidad. No se si añadir nada a lo que podéis pensar después de leerlos:
1. "España no tiene sitio para el mejor físico joven de Europa: La sociedad europea premia a un investigador gallego el mismo día en que el ministerio le niega un contrato Ramón y Cajal para regresar al país."
2. "Fabra coloca al líder valenciano de Nuevas Generaciones con un sueldo de 45.000 euros: La oposición denuncia que el PP ha convertido la Generalitat valenciana en una auténtica 'agencia de colocación'."
Lo peor es que ya no nos inmutamos.
Decid algo. Gritad algo.
jueves, 16 de mayo de 2013
miércoles, 8 de mayo de 2013
Una persona está im-putada, ¿quién la desim-puta-rá? El desimputador que la desimpute, buen desimputador será.
Mi primera intención, homenajeando al maestro era encabezar estas líneas con un "Desocupado lector...", pero no es momento este para prestarse a estas segundas lecturas, por ello deseo que, a pesar de estar muy felizmente ocupados hayáis hallado un momento para compartir esta reflexión conmigo, y convenir o disentir en su caso, con mis razonamientos.
Uno, en su feliz ignorancia lee, en una noticia jurídica "El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano defiende..." que la investigación patrimonial a la esposa de alguien imputado en en una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas se justifica porque no se investiga a una persona distinta, "sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél".
Curiosamente y de manera simultánea leemos respecto de otro caso diferente al anterior y en otro tribunal, que un informe de la AEAT suscita "zonas oscuras" que en estos momentos hacen "inviable emitir una opinión fundada sobre si [...] ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública", siendo la persona felizmente exonerada, siguiera sea temporalmente, la esposa y socia al 50% del encausado. Obsérvese que se deniega, no una condena firme, sino sólo la posiblidad de investigar con mayor y mejor profundidad el asunto. Además, y curiosamente, es el juez, (no en vano es beneficiario de la independencia judicial) quien solicita la imputación en tanto que ES EL FISCAL quien solicita la no aplicación del procedimiento de investigación. ¡Espero que no haya ningún malpensado que pueda pensar que al ser la fiscalía dependiente del aparato gubernamental sea fruto esta solicitud del "agradecimiento" de la fiscalía con las regalías recibidas presentes y / o futuras!
Si alguien se beneficia de un delito y no fuera un/a privilegiado/a se vería fulgurantemente imputado, sino que además se presupondría no sólo su participación como beneficiario, sino también como cómplice en la comisión del mismo. Para el ciudadano raso se presume delincuente al portador de efectivo que no pueda probar de manera instantánea la titulatidad de ese efectivo, para el privilegiado/a no. Para el ciudadanos los impuestos son insufribles, para los privilegiados no existen. La legislación se pervierte y los procedimientos punitivos lo son contra los inocentes, pero no para los culpables.
Seguro que hay jueces honestos que quieren averiguar la verdad, fiscales que de verdad se ocupan de perseguir el delito, abogados que se ocupan de defender al acusado, funcionarios que comprenden que sus auténticos jefes son los ciudadanos, pero... ¿dónde se han metido? Porque no localizo a ninguno. El que los encuentre, que les aplauda.
Uno, en su feliz ignorancia lee, en una noticia jurídica "El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano defiende..." que la investigación patrimonial a la esposa de alguien imputado en en una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas se justifica porque no se investiga a una persona distinta, "sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél".
Curiosamente y de manera simultánea leemos respecto de otro caso diferente al anterior y en otro tribunal, que un informe de la AEAT suscita "zonas oscuras" que en estos momentos hacen "inviable emitir una opinión fundada sobre si [...] ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública", siendo la persona felizmente exonerada, siguiera sea temporalmente, la esposa y socia al 50% del encausado. Obsérvese que se deniega, no una condena firme, sino sólo la posiblidad de investigar con mayor y mejor profundidad el asunto. Además, y curiosamente, es el juez, (no en vano es beneficiario de la independencia judicial) quien solicita la imputación en tanto que ES EL FISCAL quien solicita la no aplicación del procedimiento de investigación. ¡Espero que no haya ningún malpensado que pueda pensar que al ser la fiscalía dependiente del aparato gubernamental sea fruto esta solicitud del "agradecimiento" de la fiscalía con las regalías recibidas presentes y / o futuras!
Si alguien se beneficia de un delito y no fuera un/a privilegiado/a se vería fulgurantemente imputado, sino que además se presupondría no sólo su participación como beneficiario, sino también como cómplice en la comisión del mismo. Para el ciudadano raso se presume delincuente al portador de efectivo que no pueda probar de manera instantánea la titulatidad de ese efectivo, para el privilegiado/a no. Para el ciudadanos los impuestos son insufribles, para los privilegiados no existen. La legislación se pervierte y los procedimientos punitivos lo son contra los inocentes, pero no para los culpables.
Seguro que hay jueces honestos que quieren averiguar la verdad, fiscales que de verdad se ocupan de perseguir el delito, abogados que se ocupan de defender al acusado, funcionarios que comprenden que sus auténticos jefes son los ciudadanos, pero... ¿dónde se han metido? Porque no localizo a ninguno. El que los encuentre, que les aplauda.
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